Nacional

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

Un hermano del ex Presidente Vicente
Fox, una hermana de Fernando
Canales Clariond, la Arquidiócesis
de San Luis Potosí, el
Municipio de León y Cemex ocupan
el final de una larga fila de casi
500 acreedores de la hipotecaria
Metrofinanciera.
Todos ellos se forman para
cobrar algo de los más de 7 mil
millones de pesos que debe la firma,
que estableció un récord en
procesos de concursos mercantiles
en México.
La sentencia de prelación y
reconocimiento de créditos, dictada
el 28 de enero por el juez federal
de Monterrey, estableció el
orden y la magnitud de los compromisos
de la compañía.
Según el documento, los
acreedores quedaron divididos
en cuatro grupos.
Los tres primeros incluyen
a los que cuentan con garantías
reales, como hipotecas o prendas,
y ahí destacan Sociedad Hipotecaria
Federal, The Bank of New
York Mellon como fiduciaria de
inversionistas extranjeros, y la Sofom
GMAC Financiera.
Las deudas con las tres categorías
de acreedores preferenciales
suman en total mil 684 millones
de Udis, equivalentes a unos 7
mil 400 millones de pesos.
En el cuarto grupo hay 489
acreedores, que sólo podrán recuperar
una parte de lo que prestaron
a Metrofinanciera y ahí entran
familiares de ex funcionarios,
empresas y grupos religiosos.
Por ejemplo, José Luis Fox
Quesada aparece en esa lista con
499 mil 125 Udis por cobrar, unos
2.2 millones de pesos, y Susana
Canales Clariond, accionista de
grandes empresas como IMSA,
busca recuperar poco más de 11
millones de pesos.
La Arquidiócesis potosina
aparece con el equivalente a 112
mil pesos, pero al Municipio de
León le deben alrededor de 16.6
millones; 6 millones, a Cemex, y
11.6 millones, a la Caja de Trabajadores
Petroleros de Confianza.
Sociedad Hipotecaria Federal
y The Bank of New York Mellon
también tuvieron que aceptar
que algunos de sus créditos fueran
enviados al final de la lista.
Por ejemplo, tres fideicomisos
del banco neoyorquino, que
suman más de 2 mil 789 millones
de pesos, están en el grupo de
acreedores sin garantías.
La sentencia no integra la suma
total de los pasivos que
fueron reconocidos, pero
la cifra rebasa los 14 mil millones
de pesos.
El juez aún tiene que aprobar
un convenio propuesto por Metrofinanciera
desde el 25 de enero,
que no se ha difundido públicamente
y establecería la forma
de pago.